Un funcionario de apellido Baltodano despedido tras denunciar supuestos actos de corrupción en el Cuerpo de Bomberos deberá ser reinstalado, según ordenó el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José.
Los hechos se remontan a julio del 2022, cuando la entonces presidenta del Instituto Nacional de Seguros (INS), Mónica Araya Esquivel, se presentó en la Estación de Bomberos de Huacas, en Guanacaste. En esa visita, el funcionario denunció supuestas anomalías.
Según la declaración de Araya, Baltodano denunció “problemas con los equipos de protección, malas condiciones de la estación, que se filtraba el agua, no tenían café, mal uso de los vehículos oficiales, falta de equipos de protección, etc”. Incluso, agregó que el mal uso de los vehículos fue investigado gracias a la denuncia de él y otros funcionarios.
El funcionario fue despedido bajo el artículo 123 de la Convención Colectiva de Bomberos, el cual permite destituir trabajadores con responsabilidad patronal, pero sin ningún debido proceso. Ese numeral ha sido cuestionado por supuestamente utilizarse para despedir funcionarios “incómodos” para la administración.
Esa norma fue inicialmente suspendida, en octubre del 2022, “como una medida para garantizar que los testigos u otros funcionarios sean amenazados, y por ende no se obstaculice la investigación”, según justificaba el acuerdo del Consejo Directivo de Bomberos.
Sin embargo, cuando fue reactivada, en junio del 2024, tras la destitución de Araya por parte del presidente de la República, Rodrigo Chaves, se destituyó a Baltodano.
Araya, quien declaró en el juicio, dijo que cuando realizó la visita a la estación en Guanacaste, en 2022, los funcionarios tenían temor de poner denuncias porque al hacerlo los trasladaban a otra estación o los despedían, que por esa razón el tema se manejó de manera confidencial. La jueza señaló en la sentencia que el testimonio de la expresidenta del INS “merece absoluta credibilidad”.
El fallo señala que el despido no respondió a una causa objetiva y lo declaró nulo por constituir un acto discriminatorio contra una persona denunciante de supuestos actos de corrupción dentro del Cuerpo de Bomberos.
Según el juzgado, el trabajador estaba amparado por la protección especial que otorga el Código de Trabajo a quienes denuncian este tipo de hechos, por lo que no podía ser despedido legalmente. La sentencia de primera instancia, que aún puede ser apelada, declaró la nulidad del despido, la reinstalación inmediata del caso y el pago de salarios caídos.
El fallo fue emitido ayer lunes por la jueza Ana Ivannia Barrantes Venegas. Interferencia solicitó una reacción al director del Cuerpo de Bomberos, Héctor Chaves León, sin embargo, no se obtuvo respuesta al cierre de edición.
En días anteriores, en una entrevista para este medio, Chaves negó que el artículo 123 se utilice para despedir a funcionarios incómodos o para generar un clima de miedo dentro del Cuerpo de Bomberos.
Argumentó que el procedimiento es legal y justificado, y que la institución no actúa por represalias. Además, rechazó que se haya despedido a personas por presentar denuncias internas y afirmó que se trata de “meras coincidencias”.
