Las mujeres trans y las personas que ejercen trabajo sexual reportan las tasas más altas de esta práctica, que suele ser su principal fuente de ingreso debido a la falta de otras opciones laborales, según afirmó estudio.
Seis de cada diez personas encuestadas en Costa Rica, entre un total de 408 participantes que incluyen mujeres trans, personas que usan drogas, personas que ejercen trabajo sexual y hombres gays, han realizado al menos una actividad de intercambio de sexo por dinero en los últimos doce meses.
El trabajo sexual se convierte en una estrategia alternativa de generación de ingresos debido al difícil acceso a diferentes tipos de empleo, ya sea formal, informal, independiente o autónomo, según señala el Estudio sobre Violencia, Estigma y Discriminación en Poblaciones Clave impulsado por la Alianza Liderazgo en Positivo y Poblaciones Clave.
Entre estos grupos, las mayores tasas de participación en actividades sexuales remuneradas durante el último año se registraron en trabajadoras sexuales (95 %) y mujeres trans (78 %), seguidas por personas que usan drogas (35 %) y hombres gays (28 %).
“Estos datos revelan que las personas que las personas que usan drogas y las mujeres trans tanto por opción o por imposición al no encontrar otras alternativas de trabajo, se concentran en el trabajo sexual como su principal actividad económica”, explica el estudio.
Esto se evidencia en el acceso al trabajo formal: solo el 32 % del total de la muestra (154 personas) ha conseguido este tipo de empleo. Las personas que usan drogas registraron el mayor porcentaje (54 %), seguidas por los hombres gays (42 %). En contraste, las trabajadoras sexuales (14 %) y las mujeres trans (19 %) reportaron menor acceso a este tipo de empleo.
Del total de personas que buscaron empleo formal en el último año (294), al 38% se les negó esa oportunidad. Al analizar por grupos, las mujeres trans (65%) y las personas que ejercen trabajo sexual (36%) son quienes enfrentaron más barreras para conseguir empleo formal y mayor proporción de rechazo y negación del mismo.
Las pocas mujeres trans con empleo formal reportan baja discriminación y mayor permanencia laboral. Sin embargo, tanto ellas como las personas trabajadoras sexuales tienen mayor tendencia al trabajo informal y menos acceso a empleo formal. De hecho, entre las mujeres trans en labores informales, el 74% se dedica al trabajo sexual, frente al 16% de los hombres gays.
En cuanto a la discriminación laboral, las personas entrevistadas atribuyen estos hechos principalmente a características identitarias: el 93 % de las mujeres trans la relaciona con su identidad de género, el 59 % de los hombres gays con su orientación sexual, el 40 % de las personas que ejercen trabajo sexual con esta actividad, y el 52 % de las personas que usan drogas con el consumo de sustancias.
El estudio señala que no se pueden atribuir únicamente las condiciones identitarias a la discriminación laboral, ya que influyen otros factores como el acceso a un mejor nivel educativo y la experiencia previa. En el caso de las mujeres trans y quienes ejercen trabajo sexual, las barreras para acceder a empleos formales están vinculadas a dificultades para completar la educación y a desigualdades de género históricas que las relegan al trabajo doméstico o informal.
En el caso de Costa Rica, la muestra del estudio estuvo compuesta por 408 personas distribuidas en cuatro grupos principales: 103 mujeres trans, 100 personas que usan drogas, 104 personas que ejercen trabajo sexual y 101 hombres gays. Estas son provenientes de las ciudades de San José, Liberia, Cañas, Limón, Guápiles, Heredia, San Ramón, Palmares y Puntarenas.
Barreras y violencia en el trabajo sexual
De las personas que han acudido al trabajo sexual, son las mujeres trans y las personas que ejercen esta actividad quienes más han enfrentado vulneraciones a su derecho a la libertad de trabajo en el último año. Según el estudio, muchas han tenido que pagar tarifas por protección o por permitirles ejercer el trabajo sexual, lo que restringe su capacidad para trabajar libremente.
Además, los resultados del informe demuestran que las mujeres trans y las personas que ejercen trabajo sexual son las más afectadas por el robo del dinero obtenido a través de su trabajo. En el caso de las mujeres trans, los incidentes aumentaron de 13 el año anterior a 31 antes de la encuesta. Por otro lado, las personas que ejercen trabajo sexual mostraron una leve disminución, con 17 casos el año pasado y 11 en el presente.
El estudio indica que, para las personas que ejercen trabajo sexual, estos robos suelen ser incidentes puntuales, mientras que para las mujeres trans representan una problemática más constante y sistémica.
Ahora bien, las personas que ejercen trabajo sexual en locales y establecimientos, gestionados por otras personas, informan que generalmente son estos dueños quienes reciben dinero por protección. En cuanto al robo del dinero ganado, señalan principalmente a su entorno familiar, como parejas, y a los dueños de los locales. Solo en pocos casos responsabilizan a otras trabajadoras sexuales.
Además, las trabajadoras sexuales son frecuentemente víctimas de violencia física y psicológica, tanto por parte de clientes como de autoridades, establece el informe,.
“Esta violencia se ve agravada por la falta de mecanismos efectivos de denuncia y protección, lo que deja a muchas mujeres en situaciones de alto riesgo. Aunque el gobierno ha implementado clínicas especializadas y programas de apoyo, la falta de enfoques integrales y la resistencia cultural a abordar temas relacionados con el trabajo sexual han limitado el impacto de estas iniciativas”.
En cambio, según el informe, las mujeres trans, que en su mayoría ejercen el trabajo sexual en la calle y no cuentan con dueños de locales que las protejan o les quiten su dinero, suelen pagar por protección principalmente a otras trabajadoras sexuales y, en algunos casos, a la policía, lo que las expone a diferente tipos de violencia.
Estigma en salud, educación y cultura
El estudio abarcó también otras áreas donde la población encuestada enfrenta estigma. Los servicios de salud encabezan la lista, donde de la mitad de las personas encuestadas (54%) reportaron malos tratos por parte del personal de salud.
Además, el 41% señaló haber recibido la negación de algún servicio, mientras que el 27% reportó negación de medicamentos y el 25% la negación de servicios de salud sexual y reproductiva. Solo el 21% afirmó haber recibido atención, identificación o derivación en casos de violencia en algún servicio de salud.
Las poblaciones encuestadas también reportaron clave estigma, discriminación y violencia en espacios públicos, principalmente a manos de la policía.
El 57% de los encuestados reportó haber sufrido acoso verbal por parte de estas fuerzas alguna vez, y el 29% en el último año, con las mujeres trans y personas que usan drogas siendo las más afectadas, con un 68% y 63% respectivamente.
Por su parte, el 45% reportó haber sufrido violencia física alguna vez, y el 22% en el último año. Nuevamente, las mujeres trans son las más afectadas con un 54%, seguidas por las personas que ejercen trabajo sexual (47%) y las personas que usan drogas (45%).
El estudio apunta también a un “un problema sistémico que limita el acceso y la permanencia en el sistema educativo, especialmente para las poblaciones más vulnerables”. En términos generales, el 22% de la muestra total reportó haber experimentado rechazo de ingreso a un centro educativo, mientras que el 36% indicó haber sufrido discriminación o rechazo dentro de estos espacios. Además, el 20% afirmó haber sido suspendido o expulsado de un centro educativo.
Al analizar los datos por poblaciones, se observa que las mujeres trans son las más afectadas por el rechazo de ingreso (45%) y la discriminación (54%), lo que las posiciona como la población con mayor exposición al estigma estructural en el ámbito educativo.
Otro ámbito es el cultural, el cual abarca lugares y eventos donde se desarrollan desde exposiciones y conciertos hasta festividades populares. En estos espacios, las personas participan como espectadores o como parte activa de la cultura. Según el estudio, el 39% de las poblaciones clave ha sufrido discriminación o violencia en estos contextos, siendo las mujeres trans (65%) y los hombres gays (44%) los más afectados.
El informe concluye con recomendaciones para fortalecer políticas públicas que reduzcan las desigualdades en educación y empleo entre las poblaciones clave, especialmente mujeres trans y trabajadoras sexuales.
Propone implementar programas de formación profesional con alternativas laborales al trabajo sexual, ofrecer microcréditos y promover la inclusión laboral de personas trans en el sector formal. Además, recomienda abordar la violencia interpersonal en la familia, pareja y comunidad, mejorar la capacitación de las fuerzas públicas en derechos humanos para reducir la criminalización, y fortalecer la atención en salud mediante la capacitación del personal y la creación de canales de denuncia accesibles.