Religión, poder y elecciones: la instrumentalización de la fe en la recta final electoral
En las últimas semanas, la religión ha adquirido un papel visible dentro de la estrategia política de algunas candidaturas en el proceso electoral costarricense. La articulación entre sectores religiosos conservadores y actores políticos ha encendido alertas sobre el uso instrumental de la fe como herramienta para la obtención de votos, una práctica que pone en tensión los principios democráticos, la libertad de conciencia del electorado y la separación entre los ámbitos religioso y político.
Ante estos hechos, el Tribunal Supremo de Elecciones ordenó a la candidata presidencial Laura Fernández y al aspirante Fabricio Alvarado, así como a sus respectivos partidos políticos, no emitir manifiestos públicos que representen un llamado al voto basado en razones o símbolos religiosos. La medida cautelar también prohíbe la distribución de un folleto elaborado por el grupo Foro Mi País, liderado por pastores evangélicos, y obliga a instruir a líderes religiosos para que no utilicen púlpitos, espacios de oración o ceremonias litúrgicas con fines electorales. El incumplimiento de esta resolución constituye un delito de desobediencia según el Código Electoral.
En este contexto, los periodistas José Carlos Chinchilla Coto, Maite Capra Puertas y Roberto Pineda Ibarra conversaron con el sociólogo y teólogo Alberto Rojas para abordar y analizar el vínculo entre política y religión, sus antecedentes y las implicaciones que puede generar mezclar la fe con la contienda electoral.
“Al César lo que es del César”: cuando la religión entra en disputa por el poder político
El uso de la religión con fines políticos no es un fenómeno nuevo, pero en el actual proceso electoral costarricense ha cobrado una visibilidad particular. Existe un interés claro de ciertos sectores por utilizar la fe como un recurso para alcanzar poder político, una estrategia que se ha repetido en distintos contextos internacionales y que hoy encuentra eco en Costa Rica.
Este fenómeno ha sido determinante en otros procesos electorales, particularmente en Estados Unidos y América Latina, donde sectores conservadores han logrado articularse exitosamente con proyectos políticos.
En el caso costarricense, este vínculo se expresa con claridad en la relación entre sectores del poder político y organizaciones religiosas como el Foro Mi País. Rojas señaló que, ante la cercanía de las elecciones, se reconoce el peso político de estos grupos y se les concede espacio e influencia en la agenda pública.
Esta relación, explicó, se construye como un intercambio de legitimidad por poder.
“Es la religión que le está diciendo al César (la política): ‘denos usted parte de su poder y nosotros le damos parte de nuestra legitimidad’”. Alberto Rojas, sociólogo y teólogo.
Este tipo de alianzas debe analizarse de manera crítica, ya que no solo implica acuerdos electorales, sino también la posibilidad de repartir puestos políticos y espacios de decisión que podrían revertir avances históricos en distintas áreas de la política pública.
La manipulación de la fe y la coacción del voto a través de la religión
Uno de los aspectos más sensibles del vínculo entre política y religión es la manipulación de la fe como mecanismo de presión electoral. Para el sociólogo, el problema no radica únicamente en que actores religiosos expresen opiniones políticas, sino en el uso de la autoridad espiritual para inducir el voto, anulando la libertad de conciencia de las personas creyentes.
Rojas advirtió que, cuando una figura religiosa habla en nombre de Dios para orientar decisiones políticas, se produce una situación profundamente desigual, ética y democráticamente cuestionable:
“Imagínese que una persona con autoridad religiosa, que habla […] a nombre de Dios, le dice a un feligrés que para actuar éticamente, para hacer la voluntad de Dios, para salvarse, usted tiene que votar por A, por B o por C […] ahí no hay un ejercicio libre de la conciencia”. Alberto Rojas, sociólogo y teólogo.
Este tipo de prácticas, explicó, colocan a las personas creyentes “contra la pared”, al vincular su salvación, su fe o su legitimidad moral con una decisión electoral específica. En ese escenario, el voto deja de ser un acto libre y se convierte en una respuesta condicionada por el miedo, la culpa o la obediencia religiosa.
Estas prácticas, especialmente en la recta final del proceso electoral, no solo afectan la equidad de la contienda, sino que debilitan los principios democráticos al instrumentalizar la fe de las personas con fines partidarios.
Derechos fundamentales en riesgo
Más allá del impacto electoral inmediato, la articulación entre política y sectores religiosos conservadores plantea riesgos de fondo para los derechos humanos y las políticas públicas en Costa Rica. Para Rojas, la preocupación central es que estas alianzas no se limiten al discurso de campaña, sino que se traduzcan en decisiones concretas de gobierno que reviertan avances históricos.
Rojas señaló que el país ya enfrenta una marea conservadora con capacidad real de incidencia política, especialmente si logra consolidarse dentro del aparato estatal:
“Esta marea conservadora está en Costa Rica, está posicionada políticamente […] y es plenamente factible que algunas políticas públicas favorezcan este tipo de posiciones y que una agenda que podríamos llamar progresista retroceda”. Alberto Rojas, sociólogo y teólogo.
Según explicó, este retroceso podría manifestarse en áreas clave como la salud sexual y reproductiva, los programas de educación pública, las políticas culturales y el reconocimiento de la diversidad, ámbitos donde los sectores conservadores han mostrado una oposición sistemática.
Marcar límites claros entre religión y política no constituye un ataque a la espiritualidad ni a las creencias personales, sino una condición básica para la convivencia democrática y el respeto a la pluralidad que caracteriza a la sociedad costarricense. Cuando estas fronteras se debilitan y la fe se instrumentaliza con fines electorales, se abre la puerta a prácticas que pueden afectar uno de los pilares más importantes por los que Costa Rica es reconocida internacionalmente: su democracia.
