En resumen: La administración Chaves Robles privó de su libertad de forma “arbitraria y excesiva” a 200 migrantes que habían sido deportados por los Estados Unidos el año pasado, y los retuvo en instalaciones que solo podían dedicarse a fines humanitarios.
Casa Presidencial negó esa detención ilegítima el 11 de febrero, ante la denuncia pública de la empresa Faber-Castell contra las autoridades costarricenses. Dicha empresa donó las instalaciones del Centro de Atención Temporal para Migrantes (CATEM) en la frontera sur del país, donde el Gobierno retuvo a los deportados entre febrero y junio de 2025.
El 25 de junio pasado, la Sala Constitucional concluyó que las personas deportadas que estuvieron en el CATEM “fueron privadas de su libertad de forma ilegítima”. El tribunal detectó que las autoridades costarricenses retuvieron los documentos de identidad de los migrantes —incluidos 79 menores de edad— y les prohibieron la salida de las instalaciones del CATEM sin sustento legal.
El Gobierno recibió a esas personas para apoyar la estrategia de deportaciones del presidente estadounidense, Donald Trump. El tribunal constitucional ordenó que el Estado pusiera en libertad y definiera el estatus migratorio de cada una de las personas que permanecían en el CATEM, y que se evaluara la asistencia social que necesitaran.
Faber-Castell cuestiona al Gobierno de Costa Rica
La empresa fabricante de lápices más grande del mundo, Faber-Castell, cuestionó que la administración Chaves Robles haya utilizado su antigua fábrica en el sur del país como centro de detención de migrantes deportados por los Estados Unidos. Así lo publicó el medio de comunicación británico, The Guardian, el 9 de febrero.
Dicha empresa cerró operaciones en suelo nacional en 2013 y donó sus instalaciones al Estado costarricense para que se destinaran exclusivamente a fines humanitarios. Desde 2018, la propiedad se convirtió en el Centro de Atención Temporal para Migrantes (CATEM), en las cercanías de la frontera entre Costa Rica y Panamá.
Sin embargo, en febrero pasado, Costa Rica aceptó retener en el CATEM a 200 personas que la administración de Donald Trump deportó de los Estados Unidos, incluidos 79 menores de edad. Las personas deportadas habían solicitado asilo en los Estados Unidos y provenían mayormente de países de Asia y Medio Oriente, como Uzbekistán, Rusia, Afganistán y China.
El Gobierno costarricense defendió que se trataba de una medida temporal mientras se completaba la repatriación de los migrantes. “Le estamos ayudando al hermano económicamente poderoso del norte”, dijo Rodrigo Chaves en aquel entonces.
La permanencia de los deportados en las bodegas del CATEM se prolongó durante meses. A finales de junio anterior, 28 de esas personas seguían en las instalaciones, entre ellos 13 menores.
El 24 de junio de 2025, la Sala Constitucional concluyó que las personas deportadas que estuvieron en el CATEM “fueron privadas de su libertad de forma ilegítima”. Las autoridades costarricenses decomisaron sus documentos de identidad sin sustento legal, entre otras condiciones.
Faber-Castell afirmó que no estaba enterada del “uso incorrecto” de sus antiguas instalaciones hasta que recibió consultas de The Guardian.
Negación de Presidencia
En la conferencia del 11 de febrero, Casa Presidencial pretendió desmentir la noticia difundida por The Guardian, que fue replicada por medios de comunicación nacionales como Delfino.cr.
“Pues resulta que el diario británico, The Guardian, reportó que la empresa Faber-Castell acusó a nuestro país de utilizar como cárcel las instalaciones que dejaron en Costa Rica y que donaron con fines humanitarios. Sin embargo, les decimos con toda la transparencia del mundo que esto es absolutamente falso: esas instalaciones no son una cárcel”.
Presidencia incluyó declaraciones de Omer Badilla, quien lidera la Dirección de Migración y Extranjería. “En CATEM, respetamos los derechos humanos de las personas migrantes, y como prueba de esto hay informes de las agencias de Naciones Unidas que respaldan el trabajo que ha hecho el Gobierno de Costa Rica en procura de garantizar el bienestar de estas poblaciones”, afirmó el jerarca.
Casa Presidencial se enfocó en cuestionar a Delfino.cr por haber replicado a la prensa británica, y el presidente Chaves descalificó al medio nacional como otro “canalla”.
Gobierno de Chaves retuvo a migrantes de forma “ilegítima”
La Sala Constitucional advirtió en junio pasado (resolución Nº 2025019485) que las 200 personas deportadas de Estados Unidos que la administración Chaves Robles retuvo en el CATEM el año pasado fueron “privadas de su libertad de forma ilegítima”.
El tribunal constató que la privación de libertad por parte del Estado costarricense fue “arbitraria y excesiva”. Las autoridades migratorias retuvieron los documentos de identidad de las personas deportadas y les prohibieron salir del perímetro del CATEM.
“Desde el momento de su llegada a Costa Rica el día 20 de febrero de 2025, las personas amparadas fueron privadas de su libertad de forma ilegítima —incluyendo, en un inicio, a 79 personas menores de edad—, sin haber cometido delito o inclusive tener una presunción de una falta migratoria dentro del territorio nacional, ni una condición irregular en el país que facultara a las autoridades de migración a restringir la libertad de una persona extranjera que ingresa ilegalmente al país”, concluyó el tribunal ante un recurso de habeas corpus presentado a nombre de los migrantes por el periodista y exministro de Comunicación (2015-2018), Mauricio Herrera.
La Sala rechazó la justificación del Gobierno de que la privación de libertad se debió a la condición de tránsito de los migrantes y que esta procuraba garantizar su seguridad. Según el tribunal, esas explicaciones “no se ajustan a los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad propios de un Estado democrático de Derecho”.
Además, el Gobierno carecía de un sustento legal que respaldara la privación de libertad de esas 200 personas en el CATEM, agregó el tribunal constitucional.
En marzo, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, adscrito a la Defensoría de los Habitantes, ya había denunciado que las personas deportadas estaban sometidas a una “privación de libertad de facto” porque se les restringió su libertad de circulación “sin una base legal con causal legítima”.
“Es especialmente preocupante haber constatado que una parte importante de las personas a quienes se restringió su libertad eran niños y niñas, con lo que se agudiza la situación de vulnerabilidad propia del grupo, ya de por sí tributarios de una protección especial, en su condición de migrantes”, indicó la Sala.
El tribunal ordenó que el Estado pusiera en libertad y definiera el estado migratorio de cada una de las personas que permanecían en el CATEM, y que se evaluara la asistencia social que necesitaran.
Ante consultas de Doble Check, Omer Badilla dijo que “somos respetuosos de lo que resolvió la Sala Constitucional”, pero insistió en que los migrantes detenidos “podían entrar y salir libremente” del CATEM y que les confiscaron los documentos por “poquísimo tiempo”.
Por otro lado, la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Costa Rica aclaró a Doble Check que ninguna de sus agencias refuta ni comenta las resoluciones judiciales de los países donde operan. “Respetamos plenamente la independencia de las instituciones nacionales y no nos corresponde pronunciarnos sobre decisiones judiciales”, indicó la organización.